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March 9, 2007

Paradojas del Caracazo - Paradoxes of the Caracas uprising

Paulina Gamus
Miércoles, 7 de marzo de 2007

El 18° aniversario del "Caracazo" nos ha sometido una vez más a un despliegue de demagogia, mentiras y manipulación de los hechos en el que este gobierno resulta de una habilidad pasmosa. Es evidente que esos sucesos acaecidos el 27 y 28 de febrero de 1989 fueron la plataforma perfecta para el frustrado intento de derrocar al gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992. La cosa es muy simple: sin Caracazo nunca se hubiese producido un 4 de febrero que festejar y sin 4 de febrero Chávez estaría hoy disfrutando de su retiro como un oficial de quién sabe qué rango, difícilmente el de general. De manera que los revolucionarios tienen razones más que suficientes para agradecer a los saqueadores de distintas clases sociales y al hampa común, que les abrieran el acceso al poder del que no piensan irse jamás. Porque decir que fue el bravo pueblo el que se introdujo violentamente en supermercados, abastos, bodegas, farmacias, carnicerías, ventas de electrodomésticos, muebles, ropa, etcétera, para apropiarse de sus mercancías, y querer transformar ese asalto a la propiedad privada en una quincalla ideológica, es ofender al colectivo nacional. En esos dos días de locura colectiva, algunos pobres, unos cuantos venezolanos de la clase media y los delincuentes comunes no saquearon solamente los negocios de los ricos, sino las viviendas de otros pobres de sus mismos barrios y a pequeños y medianos comerciantes que quedaron arruinados.

Era presidenta de la comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados cuando esa comisión recibió el mandato de investigar los sucesos que enlutaron al país y que pusieron punto final a nuestra ilusión democrática. Porque en esos dos días, no cabe duda, murió el pacto social que habíamos asumido los venezolanos del respeto de los unos por los otros, que es base de la democracia. La comisión conformada con la misma proporcionalidad partidista de la Cámara, se convirtió durante las semanas que duró la investigación en el centro de atención de los medios y por consiguiente en un ambiente propicio para que cada diputado, miembro o no de ella, aprovechara sus minutos de fama. Los de izquierda (a quienes podríamos llamar prechavistas) en este caso Gustavo Márquez, Walter Márquez y Aristóbulo Istúriz, que eran miembros de la comisión y otros como Pablo Medina y Enrique Ochoa Antich, escandalizaron desde el primer día (unos más que otros) con las denuncias de que eran dos mil los muertos y quién sabe cuántos los desaparecidos, al mejor estilo de las dictaduras sureñas. Vinieron delegaciones de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos, recibíamos no menos de treinta cartas diarias desde los cinco continentes, exigiendo que se aclararan las muertes de determinadas personas con sus nombres y apellidos. Se interpeló a los ministros de Defensa y de Relaciones Interiores y a muchos otros funcionarios, testigos y agraviados. Se ejecutó la exhumación de cadáveres en la fosa común de La Peste en el Cementerio del Sur. Nunca nadie pudo demostrar que hubiese uno más de los 276 fallecidos que se registraron y ni uno solo de los supuestos desaparecidos. El informe final fue aprobado por unanimidad y ninguno de los ya mencionados diputados salvó su voto ante la conclusión que atribuyó al hampa común la mayor parte de los saqueos ni tampoco en relación con el número de muertos comprobado, es decir 276.

¿Pero cómo murieron esas 276 personas? Allí es donde se le pone la cosa estrecha al gobierno chavista y allí mismo es donde deben mentir, falsear y manipular para poder culpar directamente a Carlos Andrés Pérez por esas muertes. Estas, en su gran mayoría, fueron provocadas por miembros del ejército en cumplimiento del llamado Plan Ávila, el mismo que Chávez ordenó poner en ejecución el 11 de abril de 2002 y que provocó que los militares, léase bien, los militares, lo sacaran temporalmente del poder para luego ellos mismos reponerlo. El diario El Nacional publicó el lunes 5 de este mes de marzo la noticia del desacato del Tribunal Supremo de Justicia a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el homicidio del poeta Crisanto Mederos, ocurrido durante el Caracazo en La Parroquia La Pastora. No hay que hilar demasiado fino para saber las razones de ese desacato: los presuntos involucrados en el hecho son dos coroneles y un mayor del ejército.

Es obvio que cuando se producen hechos que afectan a la población civil como sucedió en el Caracazo, el jefe de Estado que da la orden de disparar tiene una alta cuota de responsabilidad, pero eso de ninguna manera exonera de la suya a cada uno de quienes dispararon sus armas contra civiles indefensos provocándoles la muerte o lesiones. Chávez necesita culpar a CAP y exculpar a sus colegas militares y ahí es donde se le enreda el papagayo.

Lo mejor que podría hacer el teniente coronel Chávez es olvidarse de celebrar fechas infaustas no solo para la democracia venezolana sino para su propia imagen de militar y político exitoso, que tanto esfuerzo y petrodólares le ha costado construir. En la medida en que se consolidaba la democracia venezolana, el partido Acción Democrática fue procurando que cada 18 de octubre pasara por debajo de la mesa. A pesar de los años luz que separan esa insurgencia cívico militar contra el gobierno de Isaías Medina Angarita, en 1945, de la fracasada intentona de Chávez y sus compañeros de ruta el 4-02-92, aquella fecha se fue haciendo un recuerdo algo vergonzante o no digno de grandes celebraciones; sobre todo porque abrió las compuertas para el golpe militar contra el gobierno democrático de Rómulo Gallegos, en 1948. Con tanta celebradera de golpes y saqueos ¿quién puede saber qué compuertas está abriendo el comandante Hugo Chávez?

Reprinted by permission of the author.
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